Colombia se responsabiliza por desaparición de dos líderes sociales


31 de enero de 2024 Hora: 02:01

Colombia reconoció el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la responsabilidad del Estado por las desapariciones forzadas de Jhon Ricardo Ubaté y Florida Bogotá, ambas registradas durante un operativo policial en 1995.

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El reconocimiento por parte del Gobierno colombiano se realizó en la audiencia del caso “Ubaté y Bogotá vs Colombia” llevada a cabo el martes ante la CIDH en San José de Costa Rica. 




Colombia finalmente reconoció la responsabilidad en el hecho, luego que la CIDH admitiera en enero de 2015  la petición hecha por un colectivo de abogados que señaló la violación a los derechos contenidos varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en el caso Ubaté y Bogotá.

En tal sentido, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) adelantó previo a la audiencia que se comprometería a «implementar un acuerdo de reparaciones» con las víctimas y sus representantes, que incluye su búsqueda, así como garantías de no repetición.




Ubaté desapareció cuando era miembro del Comité de Derechos Humanos de la Comuna 20 de Siloé, a la edad de 24 años. Su caso levantó sospecha cuando denunció alianzas del paramilitarismo con miembros de la Quinta Estación de Policía de Cali; vale recordar que Ubaté pertenecía al desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL). 

Por su parte, Bogotá, de 22 años en 1995, era líder comunitaria en la misma comuna caleña.

El 19 de mayo de 1995, ambos se encontraban en las cercanías de la Clínica Tequendama, en Cali, cuando seis hombres armados los golpearon y los subieron a un vehículo.

Desde que se denunció su desaparición el 27 de julio de 1995 se perdió el rastro de los jóvenes. 




En aquel momento se solicitó información al Estado sobre las desapariciones y el Gobierno de turno respondió un año después, en diciembre de 1996. 

En marzo de 1997, la respuesta del Estado fue enviada a los peticionarios y a partir de allí se inició un largo proceso judicial que se extendió hasta 2014. Finalmente, en 2015, la CIDH declaró admisible la petición y se la notificó a los interesados. No fue sino hasta enero de 2024 que Colombia reconoció su responsabilidad en lo sucedido.

Autor: teleSUR - MS

Fuente: @CorteIDH - RT - @Ccajar - ANDJE

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